Aunque Gérard López se ha dado a conocer en los últimos años sobre todo en el mundo del fútbol, con sus diversas y polémicas etapas en varios clubes —entre ellos el Lille OSC y el Girondins de Burdeos en Francia o el Boavista en Portugal—, ahora vuelve a salir a la luz su etapa al frente de la escudería de Fórmula 1 Lotus, a principios de la década de 2010, a raíz de un juicio por falsificación que se celebrará en las próximas semanas.
El empresario había adquirido la escudería Renault a finales de la década de 2000 a través de la empresa Genii Capital, cofundada con Éric Lux, en una época en la que la marca francesa, en un contexto de crisis financiera mundial y del escándalo del «Crashgate», había decidido retirarse de la F1 como fabricante independiente.
La escudería Lotus, que surgió de esa adquisición, fue una de las estructuras más destacadas de la época, ganando progresivamente en potencia hasta convertirse en una de las principales fuerzas de la parrilla durante las temporadas de 2012 y 2013, en las que Kimi Räikkönen logró, entre otras cosas, dos victorias. Agotada financieramente, sufrió un fuerte declive a partir de 2014, antes de ser adquirida por Renault en 2015.
Precisamente, es un asunto que se remonta a 2014 el que interesa a la justicia. Más concretamente, tal y como informa el periódico Ouest-France, el caso se centra en una transferencia financiera sospechosa de dos millones de euros realizada entre Lotus y el equipo de fútbol luxemburgués CS Fola Esch.
Además de López, deberán comparecer Éric Lux (por parte de Lotus) así como, por parte del Fola Esch, el vicepresidente , Mauro Mariani y François Delé .
Según los acusados, la suma en cuestión debía destinarse a financiar un programa de desarrollo de jóvenes jugadores. Sin embargo, para la fiscalía, parte de los documentos relacionados con la operación son, sencillamente, falsos.
López y Lux intentaron presentar un recurso ante el Tribunal de Casación el pasado mes de mayo, pero este lo desestimó. Por lo tanto, el juicio comenzará en diciembre y los acusados se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión.
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